Nuestra clienta acudió a nosotros ante la imposibilidad de seguir trabajando y sin posibilidad de que le reconocieran una pensión por no reunir los periodos de cotización exigidos para ser acreedora de una incapacidad permanente. 

Según el INSS, pese a tener unas dolencias muy graves, no se le podía reconocer la pensión puesto que era baja en el sistema tras haber cesado en el trabajo y no mantenerse, con continuidad, en situación de demandante de empleo.

Finalmente, conseguimos que la Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social declarara a la parte demandante en situación de INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA para toda profesión u oficio, derivada de la contingencia de enfermedad común con derecho a percibir una renta vitalicia del 100% de su base reguladora.